La Policía egipcia ya ha comenzado a aplicar la ley contra las manifestaciones aprobada por el Gobierno. Los agentes dispersaron por la fuerza varias concentraciones en contra de la polémica norma.
Tan sólo unos minutos duró el desafío. Varios grupos habían convocado una protesta frente a sede del Gobierno en contra de la reciente ley que amordaza las manifestaciones. Pero las fuerzas de seguridad no tardaron en actuar.
Cientos de ellos lograron reactivar la protesta en esta plaza a sólo unos metros de la emblemática Tahrir. Según la nueva normativa, los convocantes deben pedir autorización previa al Ministerio del Interior para celebrar sus marchas.
Pero esta ley, que también prohíbe las concentraciones frente a las altas instituciones del Estado, autoriza a la Policía a actuar con dureza y penaliza con grandes multas económicas o incluso cárcel a quien la incumpla, ha puesto contra el Gobierno a numerosos partidos políticos y buena parte de la sociedad civil.
Además, el Gobierno también ultima una nueva ley represiva contra el terrorismo. Y la Asamblea Constituyente, que suspendió sus trabajos por el arresto de decenas de manifestantes, ya ha dado el visto bueno a la permanencia de las cortes marciales.
El Gobierno asegura que sólo pretende regular la contestación social, pero la primera respuesta se produjo por la fuerza. De nuevo, la Policía actuó contra los manifestantes, esta vez mediante el lanzamiento de gases lacrimógenos.
Las nuevas normativas para reforzar la seguridad del Estado no sólo han despertado un renovado rechazo al Gobierno por grupos cada vez más amplios, sino que amenaza con producir un efecto contrario e incendiar de nuevo el ambiente.
La Policía se ha propuesto no dejar ni un resquicio abierto, como ha demostrado con su actuación. La aplicación de estas leyes no sólo enerva a partidos políticos y movimientos sociales, sino también a cientos de manifestantes que prometen seguir la presión en las calles.
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