La Ley de Marchas para el Distrito Federal (que es el nombre oficial de la capital de México), propuesta del conservador Partido Acción Nacional (PAN), ha provocado fuertes reacciones de rechazo tanto de partidos como de organizaciones del país.
En una conferencia de prensa, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, declaró el jueves que la ley anti manifestaciones atenta contra la autonomía de la capital mexicana.
Al manifestar su oposición a la iniciativa del PAN, Mancera sostuvo que el Gobierno de la capital mexicana interpondrá una controversia constitucional en caso de aprobarse dicha norma para el Distrito Federal.
Anunció, también, que recurrirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en caso de que el pleno de la Cámara de Diputados apruebe y promulgue la propuesta.
Formaciones de izquierda, así como de más de 70 organizaciones no gubernamentales en el país critican este proyecto de ley, mientras que diputados del PAN y del PRD se enfrentaron en la Asamblea Legislativa (ALDF) por sus posturas distantes ante la ley antimarchas.
Además, la iniciativa ha sido rechazada por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal al considerar que la norma pretende regular el ejercicio de la libre manifestación, la libertad de expresión y la de petición, por constituirse como una regulación de carácter punitivo.
La organización sostiene que las limitaciones impuestas al ejercicio de los derechos humanos en la capital constituyen un riesgo para la consolidación del estado democrático.
De acuerdo con la polémica legislación, las manifestaciones sólo deben hacerse con fines lícitos; la norma otorga a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal la facultad de controlar las protestas; regula el uso de vialidades para la realización de manifestaciones y prohíbe el bloqueo total de calles y el uso de arterias primarias o de un solo carril.
Asimismo, permite realizar actividades solo entre las 11:00 y las 18:00 horas, y exige a quienes deseen realizar actos públicos avisar a las autoridades con 48 horas de antelación. Estipula una multa de 21 a 30 días de salario mínimo o con arresto de 25 a 36 horas a quienes alteren, pinten, maltraten o hagan uso indebido de bienes de propiedad de la federación, del D.F. o de particulares.
Hispantv
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