La incertidumbre sobre la continuidad del proyecto de ampliación del Canal de Panamá se mantiene, que las partes no encuentran una solución financiera posible dentro del contrato.
Tras varias semanas de conflicto, los panameños iniciaron las protestas frente a la Embajada de España. Califican de “piratas modernos” a los directivos de la empresa, que se reunieron nuevamente con las autoridades del Canal pero sin ceder en sus pretensiones de conseguir cientos de millones fuera del contrato. Mientras, los trabajadores despedidos sobrepasan los 3 mil.
Por su parte, el administrador del Canal, Jorge Quijano, rechazó todas las propuestas del consorcio y la intervención de terceros. Además, confirmó que los trabajos fueron reducidos a su mínima expresión.
A pesar de la advertencia inicial, la Autoridad prefirió incorporar a la aseguradora a las negociaciones para tratar de encontrar una solución que evite un mayor retraso en la entrega de la obra.
El nuevo ultimátum dado por el consorcio a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) es el 31 de enero. Hasta entonces la impaciencia y el descontento de los panameños seguirán en aumento.
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