El juez federal estadounidense, Thomas Griesa, ordenó el viernes al Gobierno de Argentina y a los llamados fondos buitre que “sigan adelante. No paren” con sus negociaciones, hasta llegar a un acuerdo sobre el pago de la deuda.
En la primera audiencia judicial tras la caída de Argentina en “default selectivo”, nota dada por las calificadoras, pero que el Gobierno de Buenos Aires rechaza, el magistrado mantuvo bloqueados los 539 millones de dólares depositados por Argentina en el Banco de Nueva York para abonarle a los acreedores que canjearon sus títulos en 2005 y 2010.
Asimismo exigió al Gobierno de Cristina Fernández no entrar en “malinterpretaciones intencionales”, y que “deje de publicar información engañosa” y formular “expresiones altamente desencaminadas”. Lo dijo en alusión a las declaraciones de la mandataria en las que afirmó que su país no puede ser considerado insolvente de forma parcial. “Ahora inventaron eso del default selectivo. Algo tenían que inventar porque eso no existe. Impedir un cobro, no es default”, sostuvo.
El letrado neoyorquino negó tajantemente el pedido argentino de cambiar al mediador, Daniel Pollack, por no confiar en él y considerar que está a favor de los acreedores y, en su defensa, afirmó que se trata de “una persona completamente imparcial”.
Además concluyó que el fallo debe cumplirse. “La orden de seguir con esa mediación sigue vigente y nada de lo sucedido ha restado la necesidad de llegar a un acuerdo. Dentro de la ley se puede llegar a un acuerdo”, pronunció. Se refiere a la sentencia que él mismo dictaminó anteriormente, según la cual, Argentina debe pagarle a los fondos el total de lo que se les debe, es decir 1330 millones de dólares.
Ambas partes consideran que, efectivamente, tienen que seguir las negociaciones y que un acuerdo es la única salida.
Pero, hasta ahora, los diálogos fracasaron pues los fondos especulativos no aceptaron un ‘stay’ que le permitiera a Argentina negociar el pago en 2015, y la negativa de Buenos Aires de realizar cualquier oferta por el temor de que se dispare la cláusula RUFO, que tendría un costo potencial de más de $ 100 mil millones.
Hispantv
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