Los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados de España se disponen a renunciar a la habitual condonación de sus deudas por los bancos y a restringir las donaciones que pueden recibir a sus solos afiliados, según un informe publicado el miércoles por el diario El País.
“Las formaciones políticas buscan cómo recuperar la credibilidad”, estima el diario electrónico Economía Digital, movidos por la “desesperación” y el gran deterioro de su imagen ante la sociedad española, por “la fuerza que han cobrado durante más de 30 años” de régimen multipartidista.
Según el informe de El País, todos los partidos actualmente representados están de acuerdo en incluir dentro del paquete de medidas anunciado el pasado 27 de noviembre por el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, que se prohíba la condonación de las deudas de las formaciones políticas por los bancos.
La condonación de las deudas de los partidos por los bancos ha sido un fenómeno recurrente desde que, en 1977, empezaron a llevarse a cabo elecciones multipartidistas. A principios de 2013, la deuda del conjunto de los partidos ascendía a 237 millones de euros.
Otra medida anunciada es que sólo podrán hacer donaciones a los partidos los afiliados a los mismos, al desaparecer de la legislación las figuras de “militante” y “simpatizante”. A partir de los 10.000 euros, habrá de hacerse público el nombre del donante.
Además, se reducirá a la mitad las cantidades de las donaciones privadas que se puedan recibir los partidos: de 100.000 euros a 50.000 euros al año.
Cabe señalar que el partido Podemos, primero en intención de voto según diversas encuestas pero aún sin representación parlamentaria, obtiene la mayor parte de sus ingresos de las donaciones de sus simpatizantes inscritos como “colaboradores económicos”, pero no como afiliados: algo menos de 90.000 euros al mes.
Además, entrará por primera vez en el Código Penal español la financiación ilegal de partidos, delito recurrente que ha provocado infinidad de escándalos por corrupción en los últimos años.
El pasado mes de mayo, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz dio por “parcialmente contrastada” la existencia de un sistema de financiación ilegal en el Partido Popular (PP), actualmente en el Gobierno, con pagos de sobresueldos clandestinos y de gastos electorales con dinero no declarado al Ministerio de Hacienda.
Según un sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicado a principios de noviembre, la corrupción es el segundo problema que preocupa a los españoles, después del desempleo, que alcanza niveles de entre el 23 y el 34 % de la población activa, según el método de cálculo empleado.
Hispantv
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