En España, el juez Castro dictó el viernes un auto donde rechaza aceptar a trámite el recurso de apelación presentado por los abogados de la infanta Cristina de Borbón contra el auto de apertura de juicio oral del caso Nóos.
En un auto de 17 páginas, el juez español explicó "contra el auto que acuerde la apertura del juicio oral no se dará recurso alguno, excepto en lo relativo a la situación personal, pudiendo el acusado reproducir ante el órgano de enjuiciamiento las peticiones no atendidas". "La apertura de juicio oral goza de una inmediata firmeza", enfatizó el magistrado.
También, en su auto el instructor del caso Nóos, quien acordó el pasado mes de diciembre sentar a la infanta en el banquillo de los acusados como cooperadora necesaria en los delitos fiscales de su marido, en los años 2007 y 2008, criticó a la defensa de la hermana del rey Felipe VI por intentar repetir "incansablemente" sus teorías sobre la doctrina Botín "para ver si acaban convirtiéndose en verdad".
Castro añadió que la táctica empleada por los abogados de la infanta es "una técnica tan antigua como el ser humano. Se lanza una afirmación que no responde a la verdad con la esperanza de que siempre habrá alguien que la asuma sin comprobarla".
Pocas horas después de que el juez Castro rechazara admitir a trámite el recurso de la defensa de doña Cristina, sus abogados, Miquel Roca y Jesús Silva, aseguraron que no tienen intención de formular un recurso de queja contra el auto dictado por el magistrado.
Miguel Roca explicó a los medios que no emplearán este instrumento porque no quieren que se sugiera la idea de que buscan “dilatar la causa”.
Por su parte, Silva acusó al juez Castro de actuar alineado con 'Manos Limpias', el sindicato de funcionarios que ejerce la acusación y la única parte que reclamaba la apertura del juicio oral para la infanta.
La acusación popular 'Manos Limpias' reclama para Cristina 8 años de cárcel y una multa de 2 millones de euros. Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado y su propia defensa piden el archivo del caso.
La hermana del rey de España es considerada cooperadora necesaria en la defraudación de 330.000 euros en las declaraciones de la renta del 2007 y el 2008 de su marido, Iñaki Urdangarin.
El matrimonio utilizó la empresa Aizoon, de la que comparten el 50 por ciento, y recibió fondos desviados desde el Instituto Nóos, por negocios ilícitos de más de 6 millones de euros con las administraciones de Baleares, Valencia y Madrid.
Hispantv
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