Los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos desde el 26 de septiembre del año pasado en Guerrero, sur de México, exigen un permiso oficial del Gobierno federal para entrar en todos los cuarteles militares del país.
“Creemos que con ayuda de la sociedad, con la ayuda de ustedes y con la presión que hagamos al Gobierno podemos abrir los demás cuarteles”, dijo el sábado Cruz Bautista Salvador, tío del joven desaparecido Benjamín Ascencio Bautista durante una ceremonia celebrada en la Iglesia de la Resurrección, en el Distrito Federal.
Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) confirmó que se encuentra a la espera de la invitación formal del Gobierno para entrar en los cuarteles militares en compañía de los padres de los desaparecidos.
El pasado martes, en un hecho inédito, el Gobierno federal aceptó abrir las puertas de los cuarteles de Guerrero para que las familias de los estudiantes comprobaran que sus hijos no fueron agredidos y mucho menos retenidos en sus instalaciones.
Los padres, al saber que su petición fue aceptada, decidieron que su búsqueda no se limitaba a Guerrero, pues de entre los cuarteles, el de Guerrero era el menos indicado debido a que en el caso de involucración de fuerzas militares en el asunto, habrían sacado ya a los jóvenes debido a que era el primer lugar a donde los padres los iban a buscar.
Para lograr su objetivo, los padres han elaborado una lista de los cuarteles que intentarán revisar y esperan que esta nueva solicitud sea autorizada por el Gobierno federal.
En el país, hay más de 400 instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), entre las que destacan 12 Regiones Militares integradas por 46 Zonas, lugares donde los padres de los 43 normalistas pretenden que se les autorice la entrada para buscar a sus hijos.
La desaparición ocurrió el 26 de septiembre en el municipio de Iguala donde, por orden de su alcalde, José Luis Abarca, ahora en prisión, policías corruptos entregaron a los estudiantes a miembros del cártel Guerreros Unidos, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía.
Hasta ahora, sólo uno de los estudiantes ha sido identificado a partir de los restos calcinados enviados por el Gobierno mexicano para su análisis a un laboratorio de Austria.
El caso ha provocado una profunda conmoción no solo a nivel nacional sino internacional y ha sacado a luz la corrupción e ineficacia en los entes gubernamentales. En una constante manifestación, los padres de los desaparecidos exigen a las autoridades explicaciones lógicas.
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