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| AMás de 200 personas fueron encontrados muertos en los estados de Tamaulipas y Nuevo León entre 2010 y 2012. | Foto: EFE |
El Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares ordenó al Gobierno de México acelerar las investigaciones sobre la masacre en Tamaulipas y Nuevo León para hallar los culpables.
La Organización de las Naciones Unidas exhortó este jueves al Gobierno mexicano a investigar “de manera exhaustiva y bajo la clasificación de graves violaciones a los derechos humanos” la masacre de migrantes registrada entre 2010 y 2012 en los estados de Tamaulipas y Nuevo León.
Mediante un informe, el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares expresó su preocupación a que después de tantos años de la masacre no haya “aún personas sancionadas”.
El Comité de la ONU criticó las irregulares en las investigaciones para identificar a los responsables y las víctimas de la masacre. Al mismo tiempo, señaló que el Gobierno mexicano enfrenta “numerosos e importantes desafíos” en la protección de los derechos de los trabajadores migratorios.
El Dr. #AntonioMazzitelli, Representante de @UNODC_MX, habla sobre los trabajos de coordinación con la @CNDH. #DDHH #YoSoyCNDH pic.twitter.com/Xzc5DOug1L— Ruth Villanueva C. (@RuthVillanuevaC) 14 de septiembre de 2017
El 22 de agosto de 2010, unos 72 migrantes de América Central y del Sur fueron asesinados en el municipio San Fernando, en el estado de Tamaulipas, por integrantes de grupos organizados con presunto apoyo de la policía local.
Luego entre abril y mayo de 2011 otros 193 cuerpos de migrantes fueron encontrados en el mismo municipio mexicano, que luego en 2012 aumentaron a 242, tras encontrar otros 49 cadáveres en el estado de Nuevo León.
La ONU criticó el impacto de la desaparición forzada de personas migrantes y mexicanos, como también los altos índices de violencia de género que se registran en el país centroamericano, y más cuando a estas acusaciones están vinculados autoridades públicas, en especial policías federales, estatales y municipales.
El informe también denunció el alto número de personas detenidas en 58 Estaciones Migratorias, que no son sometidas a los procesos legales correspondientes, sino que pasan por tratos crueles y degradantes.
telesurtv
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