Cientos de personas se concentraron el lunes frente a la Asamblea Nacional francesa para protestar contra la nueva ley sobre Inteligencia que tramitan los parlamentarios galos, con prisas y sin dejar apenas espacio para la disidencia.
“La ley atenta profundamente contra las libertades individuales, porque la vigilancia de masas implica por fuerza vigilar a gente que se sabe que es inocente”
“La ley atenta profundamente contra las libertades individuales, porque la vigilancia de masas implica por fuerza vigilar a gente que se sabe que es inocente”, denunciaba frente a la prensa Jérémie Zimmermann, cofundador de la asociación La Cuadratura de la Red, dedicada a la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos en Internet.
Jérémie Zimmermann, arengando contra la propuesta de ley
Los manifestantes, que denuncian que el proyecto de ley permita el espionaje a gran escala de las comunicaciones de los ciudadanos sin orden ni control judicial, portaban carteles con leyendas como “Me están espiando”, “Hazmeunfollow”, “No a la vigilancia de masas” o “Protejan nuestras libertades”.
La propuesta legislativa, “tramada” por el diputado socialista Jean-Jacques Urvoas, según la página especializada Silicon.fr, fue presentada el 19 de marzo. Por un lado, permitirá a las autoridades usar diversas técnicas de espionaje electrónico por simple decisión administrativa; por otro, impone a los operadores la obligación de proporcionar los datos de conexión de sus usuarios a las autoridades.
El diputado Jean-Jacques Urvoas, promotor de la propuesta
El consenso cerrado y la ausencia de crítica son tales entre la clase dirigente francesa que el lunes, apenas 30 diputados de 577 acudieron a la Cámara Baja de París al procedimiento acelerado puesto en marcha para aprobar el proyecto. El controvertido primer ministro, Manuel Valls, cada vez más impopular, lo ha calificado de “pequeña revolución”.
El propio periódico Le Monde, integrado en la corriente dominante de los medios franceses y próximo al Gobierno socialista, titulaba este martes que el debate sobre la ley se ha escamoteado a la opinión pública, pese a las denuncias de la propuesta de ley por las organizaciones de promoción de los derechos humanos.
“Es verdad que es difícil oponerse a este texto”, reconoce el diputado del gubernamental Partido Socialista Arnaud Leroy, quien ha presentado varias enmiendas, en declaraciones publicadas por el citado diario parisino. Los oponentes a la propuesta critican la histeria colectiva creada por los atentados terroristas del 7 de enero contra el semanario Charlie Hebdo.
Militantes de Amnistía Internacional manifestándose contra la propuesta de ley
El pasado 25 de marzo, publicaron un comunicado conjunto para oponerse al proyecto de ley organizaciones reconocidas como la Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos (de siglas FIDH), la Liga de Derechos Humanos (LDH), Reporteros Sin Fronteras (RSF), Amnistía Internacional (AI) y Privacidad Internacional (PI).
“Es evidente que las técnicas de recopilación (de datos) son susceptibles de atentar contra la vida privada”
“Es evidente que las técnicas de recopilación (de datos) son susceptibles de atentar contra la vida privada”, ha dicho la propia ministra francesa de Justicia, Christiane Taubira, en una declaración tuiteada el lunes por el Ministerio, que la retiró rápidamente y la sustituyó por declaraciones favorables a la normativa.
La Cuadratura de la Red denuncia “la instrumentalización policiaca de los cruentos sucesos de enero”, y explica que la propuesta toma como modelo el espionaje generalizado de agencias de Inteligencia de Estados Unidos —la Agencia Nacional de Seguridad, NSA en inglés— y del Reino Unido (el Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno, GCHQ).
Consciente de la efectividad reducida de las protestas callejeras, Zimmermann hizo ante los periodistas un llamamiento a presionar a los legisladores franceses uno a uno, distribuyendo sus retratos y exigiéndoles explicaciones sobre puntos concretos de las leyes que aprueban solo porque su jerarquía lo impone y porque no supone coste político alguno para ellos.
La semana pasada, cinco compañías de alojamiento Web —incluidas las dos mayores, OVH y Gandi—, comunicaron su probable salida del país galo en caso de aprobarse la ley, dado que numerosos usuarios preferirán contratar servicios no afectados por la nueva legislación.
Hispantv
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